Desde hace mucho tiempo, y particularmente en la época actual, caracterizada por la interdependencia entre países y culturas, no existe duda sobre la importancia de las políticas públicas destinadas a proveer educación de calidad al cuerpo social. La diferencia entre un país con posibilidades de mejorar consistentemente sus niveles de bienestar, y otro que se caracterice por lo contrario, radica en su capacidad para invertir eficientemente en la formación de los ciudadanos, dotándolos de los códigos e instrumentos necesarios para una correcta inserción en la vida comunitaria y productiva.
Sin embargo, nuestro país está muy lejos de ser de aquellos que se distinguen por la sustentabilidad económica y el avance social. Por el contrario, México se va pareciendo cada vez más a esos países donde las opciones de mejorar son escasas y los niveles de convivencia se deterioran consistentemente. Está claro que no hemos podido crear los instrumentos que permitan cambiar esta situación. Una de las fallas en este sentido se debe a la ausencia de un sistema educativo capaz de detonar un nuevo paradigma social, caracterizado por una economía más competitiva y por la primacía de los valores sociales. Es cierto que a lo largo del tiempo, y sobre todo en las últimas décadas, se han impulsado iniciativas en materia educativa con el objetivo de transformar esta situación, pero el hecho es que el alcance es limitado y sus efectos marginales.
Para mejorar nuestra situación, creemos necesaria la construcción de una política educativa de Estado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y cuyos esfuerzos se encaminen a la realización de los siguientes objetivos. En primer lugar, la adscripción de recursos presupuestales, correctamente direccionados y administrados, por un periodo suficientemente largo como para garantizar los resultados buscados. En segundo, la elaboración de una legislación y una reglamentación que posibilite ese propósito y que haga de la participación social una nueva fuente de recursos aplicables a la educación.
No obstante, es precisamente respecto al establecimiento de una política de Estado para la educación, donde nos enfrentamos a severas limitaciones inherentes al actual sistema educativo, que ya no se corresponde, ni puede hacerlo, con los nuevos retos.
Hay que entender que el sistema educativo nacional fue construido para responder demandas específicas, de ninguna manera soslayables. En primer lugar, la de garantizar el acceso universal a la educación básica, haciendo énfasis en la alfabetización y la incorporación de los sectores marginados a un servicio del que hasta entonces habían carecido. Este sistema educativo cumplió, en buena medida, con los objetivos planteados, pese al incremento poblacional que, durante mucho tiempo, fue de los más grandes del mundo. Durante más de veinte años, fue preciso construir, cada quinquenio, una infraestructura educativa similar a la precedente, demandando esfuerzos humanos y financieros gigantescos. Ante semejante escenario, prevaleció el principio de igualdad gracias al cual se cumplía entregando los mínimos indispensables a todos, pero sin tener la capacidad de atender la calidad educativa, de suyo siempre diferenciada.
En virtud de dicha perspectiva, la organización sistémica del servicio público de la educación del Siglo XXI debe preservar el principio de igualdad, en muchos aspectos aún no cumplido. A esto habrá que sumar el objetivo de una educación de calidad, que se construya de manera diferenciada entre estados, entre municipios, entre regiones e incluso entre escuelas.
El espacio institucional propicio para la realización de estos objetivos es el federalismo educativo que debemos revisar a fondo, no sólo para aprovechar el potencial que de suyo tiene, sino para en verdad operarlo a través de la política de Estado que se propone, así como generar acciones y tomar decisiones que puedan incidir en cada espacio escolar, que es donde sucede el hecho educativo y que tiene un enorme potencial.
El que una parte del presupuesto educativo se ejerza directamente por cada escuela, abre la puerta a una participación más activa de los padres de familia y de la comunidad en su conjunto. Más aún, una medida semejante permitiría reducir la enorme carga burocrática que soporta el sistema, además de constituir un paso previo para la construcción de una política fiscal en la que cada escuela juegue un rol en la transparencia y pertinencia del ejercicio del gasto público destinado a la educación.
Acelerar las reformas que están en curso y que tienen como objetivo mejorar la calidad de los contenidos y prácticas educativas; promover la construcción de un nuevo federalismo educativo; encontrar vías para la asignación de recursos presupuestales multianuales; empoderar a la escuela en su gestión cotidiana y fomentar una relación más cercana entre las tareas de desempeño, selección, actualización y formación magisterial, vinculadas a la calidad del servicio que presta, son acciones que debe contemplar una política de Estado que impulse la educación que con toda urgencia el país reclama
Opinión: Es demasiado lamentable saber que el futuro de la educación en México va en retroceso en lugar de dar un avance.
Saber que hay países con mejor educación y con una menor economía es algo preocupante y no lleva a hacernos una pregunta ¿Realmente la educación es prioritaria en México?, lamentablemente la respuesta es negativa, ya que apariencia si es prioridad pero eso no se ve reflejado en la realidad, aún no se da la verdadera atención a la educación.
Aun falta mucho por hacer y no es un problema que se solucione de un día para otro, pero si es muy necesario que se trabaje con un objetivo firme y común que es el mejoramiento de la educación en México y es necesario que se trabaje en conjunto para poder llegar a este fin.
Martínez. (2010, 20 de septiembre).¿ Es prioridad la educación?. EL UNIVERSAL [en línea]. Año 93 I. Número 33 933. Recuperado el 25 de septiembre de 2010, de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/180596.html
